Uno de los mayores errores en la práctica forense consiste en invocar la doctrina de los actos propios sin comprobar si concurren realmente los requisitos que la jurisprudencia exige de forma constante.
Díez-Picazo sistematiza estos requisitos a partir del análisis crítico de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, subrayando su carácter acumulativo y restrictivo.
1. Conducta previa jurídicamente relevante
La conducta anterior debe ser objetivamente significativa en el plano jurídico. No basta una actitud ambigua, informal o carente de eficacia jurídica.
Solo generan actos propios aquellas conductas que, por su contenido y contexto, puedan ser razonablemente interpretadas como una toma de posición jurídicamente vinculante.
2. Generación de una confianza legítima
La conducta previa debe haber inducido en otro sujeto una expectativa razonable de que esa situación se mantendría. La confianza no se presume: debe ser explicable y comprensible.
3. Conducta posterior contradictoria
La contradicción relevante no es lógica ni psicológica, sino objetiva. Se trata de una incompatibilidad entre el significado jurídico de la conducta anterior y la pretensión posterior.
4. Identidad subjetiva
Como regla general, debe existir identidad entre quien realizó la conducta previa y quien pretende ejercer el derecho posterior, salvo supuestos excepcionales analizados con especial cautela.
La ausencia de cualquiera de estos elementos impide aplicar legítimamente la doctrina.
