Uno de los riesgos que denuncia Díez-Picazo es la tendencia a convertir la doctrina de los actos propios en un principio general autónomo, capaz de desplazar normas concretas.
La jurisprudencia española, pese a su formulación reiterada, no la ha configurado nunca como una norma general independiente, sino como una técnica de aplicación de la buena fe.
No es costumbre, no es norma, no es principio general en sentido estricto. Es una regla jurisprudencial de alcance limitado y función correctora.
Su fuerza no reside en su abstracción, sino en su aplicación cuidadosa a supuestos concretos.
